La Justicia de Santa Fe condenó a una mujer por su participación en un episodio de amenazas contra la familia del futbolista Ángel Di María, ocurrido en la previa de su regreso a Rosario Central. Se trata de Sara Gutiérrez, quien admitió haber intervenido en un operativo intimidatorio vinculado a una facción de la barra brava de Newell’s Old Boys.
La acusada recibió una pena de tres años y seis meses de prisión efectiva, luego de ser hallada coautora de los delitos de amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y por su carácter anónimo, intimidación pública agravada y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Una maniobra para frenar el regreso del jugador
El hecho pasó durante la madrugada del 25 de marzo de 2024, en un contexto en el que circulaban versiones sobre el posible retorno del campeón del mundo a Rosario Central.
De acuerdo con la investigación, los implicados se trasladaron hasta el barrio privado Miraflores, en la localidad de Funes, donde dejaron una nota con amenazas dirigidas a familiares del futbolista, con el objetivo de generar temor y presionar para impedir su llegada al club “canalla”.
La causa también expuso la existencia de una organización detrás del episodio. Según la reconstrucción judicial, la maniobra habría sido impulsada por Alejandro “Rengo” Ficcadenti, quien habría ordenado a Sergio “Bebe” Di Vanni, referente de una facción disidente de la barra de Newell’s, la contratación de personas para ejecutar las amenazas.
El plan, de acuerdo a la investigación, buscaba además posicionar a sus impulsores dentro de la interna de la barra brava, con el respaldo de sectores vinculados a la organización criminal conocida como Los Monos, liderada por Ariel Máximo “Guille” Cantero.
Pruebas, detenciones y pago a los implicados
Las cámaras de seguridad fueron clave para identificar a los responsables, quienes se movilizaban en un Renault Mégane gris durante la madrugada del delito. Días después, los sospechosos fueron detenidos y la causa avanzó con la imputación de distintos involucrados. En el expediente se determinó además que los ejecutores del hecho habrían recibido alrededor de 4 millones de pesos por llevar adelante la intimidación.
El episodio se produjo en un período marcado por una fuerte escalada de violencia en Rosario, con múltiples ataques y homicidios atribuidos a bandas narcocriminales, en un escenario que generó preocupación por el impacto del crimen organizado en la vida cotidiana de la ciudad.
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