El Gobierno de Santa Fe busca avanzar con un nuevo paquete de leyes de seguridad para profundizar la lucha contra las organizaciones criminales. La iniciativa incluye modificaciones procesales, nuevas facultades de investigación y herramientas para impedir que los jefes del delito continúen operando desde las cárceles.
El diputado provincial Martín Rosúa, uno de los voceros de la propuesta, explicó los alcances de las reformas durante una entrevista en Todo Pasa, por Boing 97.3. Allí defendió el rumbo de la política de seguridad provincial, destacó la reducción de los homicidios en Rosario y cuestionó las objeciones que, según su mirada, se apoyan en discusiones ideológicas antes que en el análisis de las medidas concretas.
“Necesito una nueva generación de herramientas para consolidar lo que logramos y para poder seguir dando este combate”, resumió sobre la postura del Ejecutivo.
De los patrulleros a la caída de los homicidios en Rosario
Rosúa contextualizó el paquete legislativo a partir de la situación que, según describió, encontró la actual gestión provincial al asumir. Mencionó una crisis de inseguridad marcada por homicidios, ataques contra trabajadores y comercios, y una fuerte presencia de organizaciones narcocriminales.
En ese escenario, destacó las medidas implementadas durante los primeros años de gobierno, entre ellas la emergencia en seguridad, las reformas procesales, la ley de microtráfico y las herramientas para intervenir sobre las estructuras criminales.
Según los números que expuso, Rosario pasó de contar con menos de 30 patrulleros a disponer de cerca de 300. También señaló que se construyeron nuevas plazas carcelarias, se incorporó equipamiento policial y se avanzó en el aislamiento de presos de alto perfil.
Otro de los datos que remarcó fue el derribo de aproximadamente 150 búnkeres de venta de drogas, una política que busca desarticular puntos de comercialización y reducir los focos de violencia vinculados con esas actividades.
El diputado sostuvo que estas medidas contribuyeron a una caída cercana al 70% de los homicidios en Rosario respecto del momento más crítico. Sin embargo, advirtió que las organizaciones criminales modifican sus métodos y que el Estado necesita actualizar sus herramientas para responder a esas transformaciones.
Juicios en ausencia e inteligencia digital: qué contemplan las reformas
Entre las iniciativas que destacó, Rosúa explicó el funcionamiento del juicio en ausencia, una herramienta que permitiría continuar un proceso penal hasta la sentencia cuando una persona acusada, que conoce la existencia de la causa, se fuga deliberadamente para evitar ser juzgada.
En esos casos, se designaría un abogado defensor particular u oficial para garantizar el derecho de defensa. El legislador señaló que, si la persona aparece posteriormente y demuestra que existió una razón de fuerza mayor que le impidió presentarse, podría contemplarse una instancia de revisión.
Como ejemplo, mencionó el caso de Sebastián Pira, acusado de atropellar y matar a dos jóvenes en Rosario y que huyó del país. Según Rosúa, una herramienta de este tipo podría evitar que una causa quede impune por la fuga del acusado y el eventual vencimiento de los plazos legales.
Otra de las propuestas es la incorporación de herramientas de inteligencia digital para investigar y prevenir delitos cometidos mediante redes sociales y plataformas tecnológicas. El diputado aclaró que estas tareas deberían contar con autorización judicial y fundamentos específicos, con el objetivo de evitar usos arbitrarios de la información.
Además, defendió la necesidad de investigar el patrimonio y los circuitos financieros de las organizaciones criminales. Según planteó, combatir la violencia requiere no solamente detener a quienes la ejercen, sino también desarticular los mecanismos económicos que sostienen el narcotráfico y el lavado de dinero.
Presos de alto perfil: buscan impedir que sigan ordenando delitos desde las cárceles
Rosúa también se refirió a las medidas destinadas a restringir las comunicaciones de presos de alto perfil cuando existan pruebas suficientes de que continúan ordenando delitos desde su lugar de detención.
Como antecedente, mencionó el caso de Chucky Monedita, a quien vinculó con órdenes de homicidios impartidas mientras estaba detenido. El legislador sostuvo que, si una persona continúa dirigiendo ataques, balaceras o amenazas desde una cárcel, el Estado debe impedir que mantenga ese contacto con el exterior.
La propuesta contempla un régimen de aislamiento más estricto, con comunicaciones restringidas y contacto con la defensa cuando resulte necesario para garantizar el derecho de defensa en una instancia procesal.
El diputado reconoció que estas medidas plantean una tensión entre las facultades del Estado y las garantías individuales, pero defendió la necesidad de evaluar los mecanismos de control sin perder de vista la protección de las víctimas.
“Tenemos que decidir si estamos del lado de la víctima y de la sociedad o si le queremos permitir a un tipo que tenga un teléfono celular o un contacto con el abogado y a través de esto siga ordenando balaceras, usurpaciones o, peor, homicidios desde las cárceles”, afirmó.
El sistema Lince y la inteligencia artificial en la investigación criminal
Durante la entrevista, Rosúa destacó el sistema Lince, una red de alrededor de 6.000 cámaras instaladas en Rosario y conectadas mediante fibra óptica, que incorpora herramientas de inteligencia artificial para procesar información y facilitar el seguimiento de sospechosos.
Según explicó, el sistema permite cargar características de una persona o de un vehículo involucrado en un delito y rastrear sus movimientos a través de las cámaras disponibles, lo que agiliza el trabajo de los investigadores.
El diputado aseguró que, desde su puesta en funcionamiento, el sistema permitió resolver unos 750 casos en menos de un año. También mencionó investigaciones por homicidios en las que el seguimiento de los movimientos de los sospechosos resultó clave para localizarlos.
Rosúa contrastó esta tecnología con los procedimientos tradicionales, que requieren que fiscales y equipos de investigación revisen manualmente numerosas horas de grabaciones para encontrar información relevante.
En su opinión, la incorporación de inteligencia artificial representa una de las principales herramientas para acelerar las investigaciones y mejorar la capacidad de respuesta policial.
“Hay que discutir herramienta por herramienta”
El paquete de seguridad también generó cuestionamientos por el alcance de las facultades policiales y judiciales que propone. Frente a esas críticas, Rosúa sostuvo que el debate debe centrarse en los objetivos de cada medida, su proporcionalidad y los mecanismos de control previstos.
“Vamos a discutir herramienta por herramienta, cuál es el problema, cuál es la herramienta, ver si hay proporcionalidad entre el problema y la herramienta y cuáles son los mecanismos de control que tenemos que agregar”, planteó.
El legislador cuestionó las objeciones que, según dijo, anticipan posibles excesos policiales o de los fiscales sin analizar el contenido de cada iniciativa. También aseguró que las reformas implementadas en 2024 no derivaron en excesos generalizados y volvió a señalar la reducción de los homicidios como uno de los principales resultados de la política provincial.
“Tenemos que empezar a hablar de la obligación que tiene el Estado de protegernos”, afirmó, al explicar el cambio de enfoque que defiende el oficialismo.
Rosúa sostuvo que la discusión no debe limitarse a evitar que el Estado se extralimite, sino que también debe contemplar las herramientas necesarias para garantizar la vida, la libertad y la propiedad de las personas.
El objetivo del Gobierno es obtener dictamen durante la semana siguiente a la entrevista y avanzar con la media sanción en Diputados para que el paquete pueda continuar su tratamiento en el Senado provincial.
Rosúa vinculó los disturbios en Francia con la inmigración y la seguridad
En el tramo final de la entrevista, el diputado también opinó sobre los disturbios registrados en París y otras ciudades europeas. En ese contexto, atribuyó parte del fenómeno a la inmigración y a los conflictos culturales que, según su interpretación, se producen cuando los recién llegados no se integran a las sociedades de destino.
Rosúa mencionó a Francia como uno de los países más complicados y cuestionó las políticas migratorias que consideró indiscriminadas. También vinculó el escenario con las dificultades económicas y el descontento de sectores juveniles.
Al comparar la situación europea con las reformas que impulsa Santa Fe, señaló que el paquete contempla zonas de actuación con facultades policiales ampliadas ante episodios de violencia concentrada. Según explicó, esas herramientas permitirían realizar detenciones, requisas y allanamientos bajo las condiciones que establezca la normativa.
El diputado defendió ese enfoque como una respuesta para proteger a comerciantes y vecinos frente a episodios de violencia y saqueos. Finalmente, volvió a reivindicar las reformas provinciales y sostuvo que el debate sobre seguridad debe priorizar la capacidad del Estado para prevenir delitos y proteger a la población, sin dejar de lado los controles sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.
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