A más de tres décadas del Atentado a la AMIA, la causa judicial registró un avance significativo con la orden de captura internacional contra Alí Asghar Hejazi, un alto funcionario del régimen iraní señalado como pieza clave en la planificación del ataque terrorista.
La medida fue dispuesta por el juez federal Daniel Rafecas, a pedido del fiscal Sebastián Basso, titular de la Unidad Fiscal AMIA. El objetivo es que Hejazi sea indagado por su presunta participación en la decisión política que derivó en el atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA.
Según la resolución judicial, el funcionario habría integrado el denominado “Comité Vijeh”, un órgano de alto nivel del gobierno iraní donde, de acuerdo a la investigación, se definió llevar adelante el ataque en territorio argentino. En ese ámbito se habrían evaluado los objetivos, la logística y la ejecución del atentado, que luego fue atribuido a la organización Hezbollah.
La decisión judicial no solo incluye el pedido de captura internacional, que podría canalizarse a través de Interpol, sino que también amplía las imputaciones contra otros miembros de la cúpula iraní, reforzando la hipótesis de que el atentado fue producto de una estructura estatal organizada y no de una acción aislada.
En la causa ya existían acusaciones contra exfuncionarios iraníes y miembros de Hezbollah, pero este nuevo avance apunta directamente a uno de los hombres más cercanos al líder supremo -fallecido en los ataques de Estados Unidos al país musulmán- de Irán, lo que eleva el nivel de responsabilidad política investigada.
El expediente sostiene que la planificación del ataque incluyó la selección del objetivo -la mutual judía en Buenos Aires- y la coordinación de la logística necesaria para ejecutar el atentado con un coche bomba, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, convirtiéndose en el peor ataque terrorista de la historia argentina.
Este nuevo paso judicial podría tener impacto en el plano internacional, ya que reaviva las tensiones diplomáticas entre Argentina e Irán, en un contexto global ya marcado por conflictos en Medio Oriente. Además, refuerza el reclamo histórico de justicia por parte de familiares de las víctimas, que durante años denunciaron demoras, encubrimientos y falta de avances concretos en la causa.
Con esta resolución, la Justicia argentina busca profundizar la investigación sobre las responsabilidades más altas en la cadena de decisiones que derivaron en el atentado, en un intento por acercarse, finalmente, a la verdad y la rendición de cuentas en uno de los casos más emblemáticos del país.
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