La causa que investiga el funcionamiento de la empresa Argentina Salud, acusada de operar una red de clínicas irregulares en González Catán, sigue sumando elementos que podrían ampliar considerablemente el expediente. Mientras los investigadores analizan la documentación secuestrada en los allanamientos, esperan los resultados de pericias clave y continúan incorporándose nuevas víctimas como querellantes.
El caso salió a la luz a fines de 2025, cuando la médica esteticista Romina Neira denunció que una clínica utilizaba un sello con su nombre sin autorización. A partir de esa presentación, la Justicia comenzó a descubrir una presunta organización dedicada a ofrecer atención médica mediante profesionales sin habilitación, documentación apócrifa y diversas irregularidades.
Actualmente permanecen detenidos Noelia Luna, Alberto Santarceri, Nicolás Santarceri, Brian Santarceri y Gabriel Musse. Aunque por el momento enfrentan imputaciones por una quincena de hechos, la fiscalía considera que ese número podría incrementarse a medida que avance el análisis del abundante material secuestrado, entre el que se encuentran historias clínicas, registros administrativos, cámaras de seguridad y otros documentos.
Uno de los episodios que cobró mayor relevancia en las últimas semanas es el fallecimiento de Héctor José Navarro. Su hijo se presentó como querellante y sostiene que su padre fue atendido previamente en una sede de Argentina Salud antes de morir días después en una Unidad de Pronta Atención (UPA). La Justicia solicitó informes a distintos organismos sanitarios para reconstruir la atención recibida y determinar si existieron responsabilidades penales.
En paralelo, las defensas de los acusados intentaron obtener la excarcelación de los detenidos, aunque los pedidos fueron rechazados y las prisiones preventivas continúan vigentes. Con el avance de la causa, los imputados dejaron de compartir representación legal y ahora cada uno cuenta con abogados particulares.
Noelia Luna ya prestó declaración indagatoria y buscó desligarse de las maniobras investigadas, atribuyendo la mayor responsabilidad a su pareja, Alberto Santarceri, señalado por los investigadores como quien dirigía la estructura. Además, solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria para poder cuidar a sus cinco hijos menores de edad.
Los investigadores también esperan que los hijos mayores de la familia Santarceri decidan declarar voluntariamente para aportar información sobre el funcionamiento interno de la organización.
Otro de los ejes de la causa involucra a los médicos que prestaban servicios en las clínicas. Dos profesionales extranjeros que inicialmente habían sido detenidos fueron finalmente sobreseídos. Según determinó la Justicia, ambos contaban con títulos válidos en sus países de origen, pero carecían de autorización para ejercer la medicina en Argentina y habrían actuado en un contexto de vulnerabilidad que fue aprovechado por la organización.
Durante las declaraciones testimoniales, algunos profesionales reconocieron que utilizaban sellos pertenecientes a otros médicos y que esos elementos les eran entregados por quienes administraban las clínicas. También relataron que los certificados ya se encontraban firmados y sellados antes de salir en ambulancia y que percibían alrededor de 80.000 pesos por guardias de 24 horas.
Con nuevas denuncias, querellas y evidencia aún bajo análisis, los investigadores consideran que la causa todavía se encuentra lejos de su etapa final y no descartan que aparezcan más víctimas e imputaciones en las próximas semanas.
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