El oficialismo buscará acelerar el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en la Cámara de Diputados. Este miércoles, desde las 16, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General volverán a reunirse con el objetivo de firmar un dictamen que permita llevar la iniciativa al recinto.
La propuesta incorpora modificaciones al régimen de desalojos, las expropiaciones y la regularización de viviendas. También contempla restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, aunque con cambios respecto de la normativa vigente.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el texto que impulsa La Libertad Avanza junto a sus aliados conservaría el límite del 15% de extranjerización de tierras a nivel nacional, provincial y departamental. Sin embargo, eliminaría el tope de 1.000 hectáreas para las adquisiciones en zonas núcleo.
La estrategia oficialista para evitar otra derrota
El Gobierno busca avanzar con una versión modificada del proyecto para reducir las diferencias con sectores de la oposición. La iniciativa original sufrió cambios durante su paso por el Senado, donde el oficialismo no logró reunir los apoyos necesarios para derogar las leyes de Tierras Rurales, Manejo del Fuego e Integración Sociourbana.
Ahora, la intención es sostener una propuesta que permita introducir cambios en materia de propiedad privada sin insistir con la eliminación completa de las restricciones a la compra de tierras por extranjeros.
La decisión también tiene una lectura política: el oficialismo pretende evitar que la oposición reúna los votos para rechazar el DNU 70/23 durante la sesión prevista para este jueves. En paralelo, la discusión judicial sobre la derogación de la Ley de Tierras Rurales continúa abierta, luego de que la Corte Suprema habilitara el tratamiento de una medida cautelar solicitada por la ONG Árbol de Pie.
El proyecto fue incluido en el temario de la sesión convocada para el 21 de octubre, junto con otras iniciativas vinculadas a discapacidad y sobreendeudamiento familiar.
Qué cambia en las expropiaciones
La iniciativa establece que las declaraciones de utilidad pública deberán interpretarse de manera restrictiva y contar con una fundamentación clara por parte del Estado.
En cuanto a las indemnizaciones, propone que se calculen a partir del valor objetivo del bien, sin contemplar el valor afectivo ni ganancias hipotéticas. Además, incorpora un límite del 30% para el reconocimiento del lucro cesante, siempre que esté debidamente acreditado.
El esquema también fija una tasa de interés vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y a la tasa del Banco Nación para operaciones a 30 días.
Desalojos más rápidos y plazos para inquilinos
Uno de los capítulos centrales apunta a modificar los procedimientos para recuperar inmuebles ocupados. La propuesta habilita a los jueces a ordenar la entrega inmediata de una propiedad cuando exista un derecho legítimo afectado y se considere verosímil el reclamo, previa caución juratoria.
Si el propietario lo solicita y presenta documentación que acredite su titularidad, el juez podrá intimar la devolución del inmueble dentro de las 72 horas.
Para los casos de mora en el pago del alquiler, en cambio, se establece un plazo mínimo de 10 días para que el inquilino regularice la deuda después de recibir la intimación. Una vez vencido ese período sin que se haya resuelto el incumplimiento, el locador podrá iniciar la acción judicial de desalojo.
El proyecto dispone que estos procesos deberán tramitarse por la vía más breve prevista por la ley. Las resoluciones podrán contemplar el uso de la fuerza pública, el allanamiento y la apertura de cerraduras cuando resulte necesario.
También incorpora un protocolo especial para situaciones de vulnerabilidad. Cuando haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados, se prevé un plazo máximo de 10 días para procurar una alternativa habitacional transitoria, con intervención del Ministerio Público Tutelar.
Ocupaciones temporales y regularización de viviendas
La iniciativa contempla, además, la figura de la “ocupación temporánea anormal”, que permitiría utilizar un inmueble durante un máximo de 90 días, con posibilidad de prórroga, ante circunstancias graves de necesidad pública, como emergencias sanitarias, conflictos armados o desastres naturales. La medida podría aplicarse una sola vez en los términos previstos por el proyecto.
Otro de los puntos modifica la denominada Ley Pierri, vinculada a la regularización dominial. El objetivo es facilitar el acceso a la escritura de la vivienda única y permanente a familias que puedan demostrar una posesión pacífica, continua y ostensible durante los 10 años anteriores, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa.
Con estos cambios, el oficialismo busca reunir los respaldos necesarios para avanzar con una reforma que combina modificaciones al régimen de propiedad privada con una revisión parcial de las restricciones sobre las tierras rurales.
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