El Gobierno de Santa Fe volvió a escalar el conflicto judicial en torno a la reforma previsional y presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para insistir con la recusación de los ministros de la Corte Suprema provincial que intervienen en las causas vinculadas a la ley jubilatoria.
La presentación fue realizada el pasado 25 de junio por la Fiscalía de Estado y constituye la última instancia judicial a la que recurrió la administración provincial para plantear que los integrantes del máximo tribunal santafesino deberían apartarse del tratamiento de los expedientes por un presunto conflicto de intereses.
Según sostiene el Ejecutivo, algunos de los ministros de la Corte provincial se encuentran alcanzados, o podrían estarlo en el corto plazo, por el régimen previsional que actualmente es objeto de cuestionamientos judiciales. Para la Provincia, esa situación podría configurar un interés directo o indirecto en el resultado de los procesos.
En ese marco, el Gobierno pidió a la Corte Suprema de la Nación que intervenga y disponga la suspensión del trámite de las causas mientras se resuelve el planteo sobre la integración del tribunal santafesino.
Desde la administración provincial argumentan que, si los expedientes avanzan y luego se determina que alguno de los jueces no debía intervenir, podrían generarse inconvenientes jurídicos que afecten la validez de las futuras resoluciones.
No obstante, mientras el máximo tribunal nacional analiza el recurso de queja, la Corte Suprema de Santa Fe mantiene la posibilidad de continuar con el tratamiento de las causas relacionadas con la reforma previsional, ya que la presentación del Ejecutivo no suspende automáticamente el trámite de los expedientes.
La disputa judicial gira en torno a la ley de reforma previsional que la Provincia puso en marcha en 2024 y que fue cuestionada mediante distintas acciones de inconstitucionalidad promovidas por sectores afectados.
Con este nuevo paso ante la Corte Suprema de la Nación, el Gobierno santafesino busca que se garantice la imparcialidad de los magistrados que deberán resolver sobre la constitucionalidad de una de las reformas más importantes impulsadas por la actual gestión.
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