La defensa de Konstantin Rudnev presentó un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en la discusión judicial por la prisión domiciliaria del ciudadano ruso, imputado en la causa por presunta trata de personas que se investiga en Bariloche.
La presentación, firmada por el abogado Martín Sarubbi, cuestiona una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que declaró inadmisible un planteo realizado por la defensa y dejó firme el trámite que permitió revisar el beneficio otorgado al acusado.
Según sostiene el recurso, la Cámara actuó de manera “arbitraria” al habilitar un recurso impulsado por el Ministerio Público Fiscal que, a criterio de la defensa, no está previsto por la legislación procesal para este tipo de resoluciones.
El eje de la discusión
El planteo de Rudnev se centra en la validez del camino procesal utilizado por la Fiscalía para impugnar la decisión que había reemplazado la prisión preventiva por un arresto domiciliario con monitoreo electrónico y otras medidas de control.
Para la defensa, la Casación permitió avanzar con un recurso que “no existe en el ordenamiento procesal”, lo que, según argumenta, afectó los derechos del imputado y generó un perjuicio de difícil reparación.
En ese sentido, solicita que la Corte Suprema revise la actuación de la Cámara al considerar que la resolución cuestionada puede equipararse a una sentencia definitiva por las consecuencias que produce sobre la situación procesal del acusado.
Cómo se originó el conflicto
La controversia comenzó cuando el Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga tanto de la investigación como de la prisión preventiva de Rudnev, pedido que fue aceptado por el juez de garantías de Bariloche.
Posteriormente, el Colegio de Jueces con Funciones de Revisión del Fuero Federal de General Roca confirmó la extensión de la investigación, pero resolvió modificar la modalidad de detención y otorgarle prisión domiciliaria bajo monitoreo electrónico y otras restricciones previstas en el Código Procesal Penal Federal.
Disconforme con esa decisión, la Fiscalía intentó recurrirla ante la Cámara Federal de Casación Penal. En una primera instancia, el propio Colegio de Jueces declaró inadmisible ese recurso, aunque luego la Casación hizo lugar a una queja presentada por el Ministerio Público y habilitó la revisión.
Es precisamente esa decisión la que ahora cuestiona la defensa.
Los argumentos de la defensa
En su presentación, Sarubbi sostiene que la resolución de Casación fue escasamente fundamentada y que se limitó a afirmar que la queja de la Fiscalía cumplía con los requisitos de admisibilidad, sin explicar por qué correspondía habilitar ese recurso.
Además, recuerda que el propio Colegio de Jueces había considerado que este tipo de resoluciones no pueden ser revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal durante la etapa preparatoria del proceso, ya que no constituyen sentencias definitivas ni producen efectos equivalentes.
La defensa también remarca que el principio general del proceso penal establece que la libertad debe ser la regla mientras se desarrolla la investigación, en línea con la garantía constitucional de presunción de inocencia.
El planteo ante la Corte
En el Recurso Extraordinario Federal, la defensa sostiene que están comprometidos derechos y garantías constitucionales como el debido proceso, el derecho de defensa, el doble conforme y el derecho a recurrir las decisiones judiciales.
Por ese motivo, solicitó que la Corte Suprema admita el recurso, revise la actuación de la Cámara Federal de Casación Penal y deje sin efecto la resolución cuestionada, en un expediente que continúa generando controversias procesales mientras avanza la investigación por presunta trata de personas.
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