Cristina Fernández de Kirchner presentó este lunes un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de frenar el decomiso de bienes pertenecientes a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, dispuesto por el Tribunal Oral Federal N.º 2 en el marco de la causa Vialidad, por la que la exmandataria cumple una condena de seis años bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
La presentación constituye la última herramienta procesal disponible para intentar revertir la decisión judicial que habilita la recuperación de activos vinculados a la causa. En el escrito, al que tuvo acceso Infobae, la defensa solicitó que el máximo tribunal admita el planteo directo y revise la ejecución de las propiedades que forman parte del patrimonio de los hijos de la expresidenta.
Según argumentaron los abogados de Cristina Kirchner, la resolución judicial avanza sobre bienes que no guardan relación directa con los delitos investigados y vulnera garantías constitucionales vinculadas al derecho de propiedad y al principio de legalidad. “La primera cuestión federal planteada en el recurso denegado se relaciona con una grave violación al derecho de propiedad y al principio de legalidad sustantiva”, sostuvo el abogado Carlos Beraldi en la presentación.
La defensa también cuestionó la interpretación realizada por los tribunales sobre la figura del decomiso. “Se llevó a cabo una exégesis extensiva del instituto del decomiso, contraria a la literalidad del artículo 23 del Código Penal y los propios precedentes del TOF 2 y la Cámara Federal de Casación”, señaló Beraldi.
En esa línea, agregó que la decisión judicial habilita una situación inédita. “Se habilitó que esta sanción recaiga ya no sobre los instrumentos, el producto o el provecho del delito, sino sobre activos de origen lícito y dispensando a la parte acusadora de acreditar la vinculación directa entre los bienes, cuyo desapoderamiento se postula, y el hecho enjuiciado”, sostuvo.
Los 19 bienes que buscan conservar Máximo y Florencia Kirchner
El planteo de la defensa apunta específicamente a evitar el decomiso de 19 propiedades que fueron transferidas a Máximo y Florencia Kirchner como parte de la herencia de sus padres.
Entre esos activos figuran 10 departamentos, dos casas ubicadas en Río Gallegos y varios terrenos en Lago Argentino, todos en la provincia de Santa Cruz. Los abogados de la familia Kirchner sostienen que esas propiedades fueron adquiridas legalmente por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner mediante operaciones genuinas y con fondos de origen lícito.
“No se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”, argumentaron.
Además, remarcaron que los inmuebles fueron adquiridos por sus progenitores “a título oneroso (no por medio de liberalidades) con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas”.
El Tribunal Oral Federal 2 aceptó el pedido de la fiscalía para incluir esas propiedades dentro de los bienes alcanzados por el decomiso al considerar que fueron adquiridas durante el período investigado en la causa. Posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó esa postura y avaló el criterio de que los activos de origen ilícito pueden ser recuperados por el Estado incluso cuando hayan sido transferidos a terceros o recibidos mediante herencia.
En su fallo, Casación sostuvo que “el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”. La resolución confirmó además la ejecución de bienes para hacer efectivo el recupero económico fijado en la sentencia de la causa Vialidad, cuyo monto supera los 684.000 millones de pesos.
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