El economista Sebastián Maril, uno de los especialistas que sigue de cerca el juicio por la expropiación de YPF en los Estados Unidos, aseguró que el caso podría tener una definición clave antes de fin de año, aunque advirtió que la disputa judicial aún podría extenderse durante varios años más.
Durante una entrevista en el programa Antes de Todo en Radio Boing 97.3, Maril explicó que el escenario actual es favorable para la Argentina luego del reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que respaldó la legalidad de la expropiación realizada en 2012. “Estamos en tiempo de descuento. Estamos en el minuto 90 y solamente queda el tiempo adicional para que los demandantes intenten revertir el gol en contra que les metió Argentina”, graficó.
Según detalló, la Cámara de Apelaciones entendió que el Estado argentino actuó dentro de las facultades que le otorgaban sus propias leyes al momento de avanzar con la estatización de la petrolera. Sin embargo, aclaró que el fallo también contiene fuertes cuestionamientos sobre la conducta del país frente a los inversores internacionales.
“La Corte dijo que Argentina hizo lo correcto al expropiar YPF porque sus leyes lo permitían, pero eso no implica que durante el proceso no haya engañado o incumplido compromisos asumidos con los inversores”, señaló.
En ese contexto, Maril consideró que la decisión impulsada por Axel Kicillof durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue una “imprudencia con suerte”. Incluso remarcó que esa valoración surge del propio fallo judicial. “Los jueces dijeron que fue una imprudencia, pero una imprudencia autorizada por una ley aprobada por el Congreso argentino”, afirmó.
El especialista también se refirió al nuevo revés sufrido por los fondos demandantes, luego de que la Cámara de Apelaciones rechazara revisar nuevamente la sentencia a través de una instancia ampliada. “Esa puerta ya se cerró. La única instancia que les queda ahora es la Corte Suprema de Estados Unidos”, explicó.
De acuerdo con Maril, los fondos tienen 90 días para presentar el recurso ante el máximo tribunal estadounidense y se espera que lo hagan entre agosto y septiembre. Sin embargo, recordó que la Corte Suprema acepta apenas una pequeña porción de los casos que recibe cada año. “La Corte toma aproximadamente el 2% de los expedientes que llegan. Por eso las posibilidades dependen mucho de cómo los demandantes logren encuadrar el caso”, indicó.
Además, recordó que la propia Argentina ya había intentado llegar a la Corte Suprema estadounidense en 2018 y que el planteo fue rechazado, un antecedente que podría jugar en contra de los demandantes.
Por último, sostuvo que si el máximo tribunal decide no intervenir, el proceso podría quedar prácticamente resuelto entre finales de este año y comienzos de 2027, tal como proyecta el Gobierno nacional. “Antes de fin de año o a principios del próximo, dependiendo de los tiempos de la Corte Suprema, este capítulo en Estados Unidos podría terminar”, concluyó.
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