El fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales abrió un nuevo escenario en el Congreso. Distintos bloques opositores buscan aprovechar el impacto político de la resolución para volver a impulsar el rechazo del DNU 70/2023, el decreto que modificó y derogó numerosas regulaciones durante el inicio del gobierno de Javier Milei.
La estrategia comenzó a tomar forma este miércoles en la Cámara de Diputados, donde Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas analizan pedir una sesión especial. Entre las fechas que se manejan aparecen el 7 y el 14 de octubre, aunque todavía no hay una convocatoria formal.
El DNU ya había sido rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024. Sin embargo, para que un decreto de este tipo quede definitivamente sin efecto también debe ser rechazado por la Cámara de Diputados. Ese paso nunca llegó a concretarse. El informe parlamentario del Senado confirma que el DNU 70/23 fue uno de los decretos rechazados por esa cámara durante el período 2023-2024.
El conflicto por la Ley de Tierras volvió al centro del debate
La discusión se reactivó después de que la Corte Suprema revocara la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU. El máximo tribunal fundamentó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) para promover esa demanda y no resolvió de manera directa la constitucionalidad del decreto.
Ese artículo había derogado la Ley 26.737, que establecía límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Entre otras restricciones, la norma fijaba un máximo del 15% para la titularidad extranjera sobre el territorio nacional, provincial y municipal.
La decisión judicial provocó reclamos de distintos sectores opositores. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo que el escenario debe derivar en el rechazo del DNU. Martín Lousteau, por su parte, planteó que Diputados tiene ahora la posibilidad de avanzar sobre el decreto, mientras que Elisa Carrió reclamó que la Cámara baja trate de manera urgente el artículo referido a las tierras.
Qué puede hacer el oficialismo
El Gobierno y sus aliados comenzaron a evaluar alternativas legislativas para evitar que el conflicto por las tierras termine derivando en un rechazo completo del DNU 70.
Una de las opciones que trascendió es incorporar nuevamente un capítulo referido a las tierras en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. La idea permitiría discutir específicamente las restricciones a la adquisición de campos por parte de extranjeros sin avanzar necesariamente sobre todo el decreto.
Otra posibilidad bajo análisis es incorporar una regulación similar al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que comenzó a ser tratado este miércoles en comisiones de Diputados.
El oficialismo sostiene que una eventual derogación completa del DNU generaría efectos sobre numerosas áreas de la legislación nacional, ya que el decreto modificó regulaciones vinculadas con el comercio, transporte, mercado laboral, salud, sistema financiero y sector inmobiliario, entre otros.
Entre sus disposiciones se encuentran la derogación de las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y Alquileres, además de modificaciones en las regulaciones sobre prepagas, tasas bancarias, transporte aéreo y adquisición de tierras.
La oposición busca reunir los votos
El desafío para los bloques que impulsan el rechazo será conseguir el respaldo necesario para llevar el tema al recinto y avanzar con el DNU en Diputados.
En paralelo, algunos legisladores advierten que la fecha de una eventual sesión podría quedar condicionada por la agenda internacional y por las ausencias de diputados que viajen a Brasil con motivo de las elecciones presidenciales.
Por ahora, la discusión quedó instalada: el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras volvió a colocar al DNU 70/23 en el centro de la agenda parlamentaria, mientras oficialismo y oposición preparan estrategias diferentes para el próximo capítulo del debate.
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