El Gobierno nacional oficializó la creación de una mesa especial de coordinación para reforzar la seguridad en torno a los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de prevenir delitos vinculados al narcotráfico, el lavado de dinero y otras formas de criminalidad organizada.
La decisión fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante la Resolución 461/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que establece la conformación de la “Mesa de Coordinación para la Seguridad de Inversiones Estratégicas en el marco del RIGI”.
Según explicó el Ejecutivo, el crecimiento y la magnitud de las inversiones promovidas por el régimen podrían convertir a estos emprendimientos en objetivos de interés para organizaciones criminales transnacionales. En ese marco, el Gobierno alertó sobre posibles riesgos de corrupción, extorsión, lavado de activos e infiltración de economías ilegales en actividades formales.
La nueva estructura funcionará como un ámbito de articulación federal entre organismos nacionales, provincias y actores privados vinculados a proyectos estratégicos. Entre sus principales funciones estarán la elaboración de diagnósticos de riesgo, el monitoreo de amenazas emergentes y la coordinación de acciones preventivas para proteger infraestructura crítica y garantizar la continuidad de las inversiones.
De acuerdo con datos oficiales, hacia fines de 2025 el RIGI acumulaba cerca de una decena de proyectos aprobados por más de 13.000 millones de dólares y otras veinte iniciativas en distintas etapas de evaluación. Las inversiones se concentran principalmente en provincias como San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.
La resolución sostiene que la dispersión territorial y el carácter estratégico de estos emprendimientos requieren “mecanismos específicos de coordinación interinstitucional y prevención temprana” para evitar el avance de organizaciones delictivas.
La mesa estará integrada por la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Unidad Antimafia, el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas y las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Además, podrán sumarse representantes provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Economía, de la SEDRONAR y de otros organismos vinculados a la temática.
El esquema también contempla la cooperación voluntaria con empresas titulares de proyectos RIGI, cámaras empresarias, concesionarios de infraestructura y operadores logísticos para implementar protocolos sectoriales de prevención, capacitaciones y sistemas de reporte de riesgos.
Finalmente, el Gobierno aclaró que la medida no implicará erogaciones presupuestarias adicionales y que entrará en vigencia desde su publicación oficial.
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